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Actualizado:

05/07/2017

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Derechos del interno

La entrada en prisión no puede suponer que el derecho se detenga a las puertas de la misma, es por ello que el interno conservará sus derechos como ciudadano salvo los expresamente limitados por el fallo condenatorio, la ley penitenciaria y el sentido de la pena impuesta.

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Las personas que se encuentran en prisión tienen, además, los siguientes derechos:

  • Derecho a que la Administración penitenciaria vele por su vida, su integridad y su salud.

  • Derecho a que se preserve su dignidad, así como su intimidad, sin perjuicio de las medidas exigidas por la ordenada vida en prisión. En este sentido, tienen derecho a ser designados por su propio nombre y a que su condición sea reservada frente a terceros.

  • Derecho al ejercicio de los derechos civiles, políticos, sociales, económicos y culturales. La libertad religiosa y de culto se asegura mediante convenio con las confesiones religiosas mayoritarias.

  • Derecho de los penados al tratamiento penitenciario y a las medidas que se les programen con el fin de asegurar el éxito del mismo.

  • Derecho a las relaciones con el exterior previstas en la legislación. Estas podrán adoptar la forma de comunicaciones orales, escritas, telefónicas o por vídeo conferencia, de carácter personal, íntimo, familiar o de convivencia.

  • Derecho a un trabajo remunerado, dentro de las disponibilidades de la Administración penitenciaria.

  • Derecho a acceder y disfrutar de las prestaciones públicas que pudieran corresponderles, incluida la prestación por desempleo, derivada de las cotizaciones por trabajo penitenciario.

  • Derecho a los beneficios penitenciarios previstos en la legislación.

  • Derecho a participar en las actividades del centro.

  • Derecho a formular peticiones y quejas ante las autoridades penitenciarias, judiciales, Defensor del Pueblo y Ministerio Fiscal, así como a dirigirse a las autoridades competentes y a utilizar los medios de defensa de sus derechos e intereses legítimos.

  • Derecho a recibir información personal y actualizada de su situación procesal y penitenciaria.

Protección de los derechos del interno

Nuestra legislación compone un sistema de protección complejo que permite garantizar que estos derechos no sufran restricciones más allá de las estrictamente necesarias para cumplir los fines del internamiento.

Así un interno puede dirigirse en defensa de sus derechos e intereses legítimos ante el Juez de Vigilancia Penitenciaria, el Defensor del Pueblo, el Tribunal Constitucional y en última instancia ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos.

El Juzgado de Vigilancia Penitenciaria es el encargado de velar por los derechos de las personas que se encuentra en prisión, de vigilar el modo en que se cumple la condena impuesta, y de corregir, si fuera necesario, los abusos y desviaciones que puedan producirse.

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